Comunicado público: Por caminos de vida para niñas, niños y adolescentes en Colombia
Comunicado público | Día de las Manos Rojas | 1,2,3 por la paz: Niñas y niños fuera de la guerra
La COALICO celebra la decisión de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en favor de las víctimas de reclutamiento y utilización del conflicto armado en Colombia.
Bogotá D.C., 13 enero de 2023
La Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO)[1], celebra que, mediante el Auto TP-SA 1035 de 2023 la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se haya decidido decretar medidas cautelares para proteger y restablecer los derechos de las víctimas de reclutamiento y utilización, afectados por declaraciones brindadas en marzo de 2021 por el exministro de Defensa Diego Molano. La JEP le ordenó al Gobierno realizar un pronunciamiento público que reconozca la calidad de víctimas de las niñas, niños y adolescentes que fueron reclutados o utilizados y que se incorpore dentro de la política pública y en la doctrina militar las acciones que eviten el desconocimiento de dicha calidad en el futuro.
El órgano de cierre de la JEP dio la razón a los representantes de víctimas de la COALICO, Women´s Link Worldwide y PAX Colombia, pues concluyó, contrario al juez de primera instancia, que sí existe una amenaza y/o riesgo de vulneración de los derechos a la verdad, la justicia y principalmente la no repetición de las víctimas; así como una situación de gravedad y urgencia causadas por las desafortunadas declaraciones del pasado gabinete de Gobierno. El tribunal reconoció que las declaraciones entregadas por el exministro de Defensa Molano, quien calificó como “máquinas de guerra” a niñas y niños, configuran una violación grave a sus derechos y entrañan “una gravísima extralimitación y perversión de la función pública”[2]. Así, para la JEP “este tipo de acciones implican una estigmatización y una nueva victimización, perpetúan el ciclo de violencia y truncan el acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición” [3].
La JEP fue enfática en subrayar que
“(…) realizar declaraciones que desconocen la condición de víctimas de quienes han sido reclutados y de esa manera obligados a abandonar su infancia para participar en los albures de la guerra, claramente revictimiza a quienes sufrieron este flagelo, neutraliza cualquier esfuerzo de reforma institucional que se haga para erradicar los factores de riesgo que pesan sobre este colectivo, mina la reconciliación de la sociedad colombiana y desconoce el papel activo que como miembros de la comunidad pueda tener ese colectivo de víctimas”[4].
Se destaca además el llamado que hace la Sección en sus facultades de juez transicional sobre la clara omisión del Estado de cumplir con las obligaciones constitucionales adquiridas a partir del acuerdo Final para la Paz y, bajo el interés superior del menor, se deben adoptar todas las medidas necesarias para evitar la materialización de cualquier riesgo contra los derechos de niñas, niños y adolescentes; y en efecto de quienes fueron vinculados a las fuerzas o grupos armados deben ser tratados como víctimas. Por lo que el accionar de los órganos del Estado debe realizarse en marco de la prevención y evitar la revictimización, pues como lo señala la sección, la búsqueda de la paz requiere el actuar de todos los poderes públicos por lo que se deben ajustar de buena fe, al cumplimiento del Acuerdo y sus contenidos.
Finalmente, es importante resaltar que más allá del reproche debido a las declaraciones dadas por el exfuncionario estatal y
“(…) sin perjuicio de reconocer que hubo un cambio de tono por parte del gobierno, lo cierto es que el riesgo no está superado, pues se necesita una reivindicación específica dirigida a una población que es de competencia de la JEP. Además, se requiere una política pública y una doctrina militar que reconozca en primer lugar que los Niños, Niñas y Adolescentes reclutados son, ante todo, víctimas del conflicto armado, aunque pueden resultar afectados por ataques ejecutados bajo el respeto pleno de los principios de precaución, necesidad militar, humanidad y proporcionalidad” [5]
La COALICO espera que, en estricto apego a la determinación judicial proferida por la JEP, el Gobierno actual reivindique públicamente que reconoce como víctimas a aquellas personas que fueron reclutadas o utilizadas por los diferentes actores armados siendo niñas, niños y adolescentes e incorpore todos los ajustes necesarios a las políticas públicas pertinentes para que nunca más se vulnere la dignidad de dichas víctimas y así garantizar la no repetición. Se espera que el cumplimiento por parte del Gobierno de esta decisión judicial sea una realidad antes de la próxima conmemoración del 12 de febrero “Día mundial de las Manos Rojas” para detener el reclutamiento y uso de niñas, niños y adolescentes por grupos armados.
Suscribe la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) conformada por:
- Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción Noviolenta –Justapaz–
- Benposta Nación de Muchach@s
- Centro de Desarrollo y Consultoría Psicosocial – Taller de vida
- Corporación Vínculos
- Defensa de las Niñas y Niños Internacional –DNI Colombia
- Fundación Creciendo Unidos –FCU-
- Servicio Jesuita a Refugiados Colombia –JRS/COL
[1] Plataforma de organizaciones de la sociedad civil conformada por: Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción Noviolenta –Justapaz–, Benposta Nación de Muchach@s, Centro de Desarrollo y Consultoría Psicosocial – Taller de vida, Corporación Vínculos, Defensa de las Niñas y Niños Internacional –DNI Colombia, Fundación Creciendo Unidos –FCU- – Servicio Jesuita a Refugiados Colombia –JRS/COL.
[2] Auto TP-SA 1035 de 2023. Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Par. 35.3.11.
[3] Ibídem. Par. 35.3.12.
[4] Ibídem. Par. 35.3.4.
[5] Ibídem. Par. 35.4.4.
