Colombia pasa al tablero en derechos humanos ante la ONU
Organizaciones sociales ante Examen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas
- En 55 años, Colombia no ha acatado las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Este será el octavo informe, y abarca un periodo de 7 años (2016-2023).
- 20 organizaciones de la sociedad civil1 presentaron informe alterno para el examen que realiza este 10 y 11 de julio el Comité ONU de Derechos Humanos.
Este lunes y martes tendrá lugar en Ginebra, Suiza, el Examen del Comité de Derechos Humanos a Colombia que evaluará el estado de cumplimiento de las obligaciones que adquirió el Estado cuando ratificó el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que hace referencia a los derechos a la vida, la privacidad, la integridad, la libertad de pensamiento, conciencia, expresión, reunión y asociación, la participación política, la protesta, los derechos de la niñez y de la familia, y la no discriminación.
El informe alterno de la sociedad civil hace parte de este examen y es tenido en cuenta por el Comité para su evaluación y recomendaciones. Algunos de los hallazgos más relevantes son:
En materia de impunidad y acceso a la justicia, el informe señala que la Fiscalía General de la Nación suspendió por un tiempo las investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales en el marco del conflicto armado interno, producto de una malinterpretación de los alcances de la normativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dada la falta de voluntad institucional para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos hechos.
De otro lado, desde 2005 -cuando entró en vigencia la Ley de Justicia y Paz- hasta 2018, sólo se habían dictado 50 sentencias contra 205 exparamilitares de los 2.378 postulados, y no se ha acatado la recomendación del Comité ONU de Derechos Humanos de 2016 sobre la reparación integral de las víctimas. Solo se han indemnizado al 16,9% de estas, la reparación colectiva no supera el 6% y, en materia de restitución de tierras, solo hay sentencias en el 42% de los casos.
Por otra parte, a pesar de que la Constitución Política y la jurisprudencia protege el derecho a la protesta social, no existen las garantías necesarias para su ejercicio. Esto fue evidente en el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado en el Paro Nacional de 2021, cuando se registraron 89 ejecuciones extrajudiciales, 1.929 personas heridas, 116 lesiones oculares, 106 casos de violencias basadas en género, 343 agresiones a defensores de DD. HH. y 3.546 denuncias por abuso y violencia policial. Lo anterior se agrava ante el incumplimiento del Estado Colombiano frente las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, durante su visita al país en junio de 2021.
El informe de la sociedad civil para el Examen del Comité, también destaca que, pese a los anuncios, los avances en implementación del Acuerdo de Paz de 2016 son pocos desde el gobierno anterior. El Estado no ha expedido las medidas legislativas y administrativas para garantizar la seguridad y el derecho a la vida de las personas firmantes. Hasta el 17 de mayo del 2023, 376 personas firmantes habían sido víctimas de homicidio, y en 2022 la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en la situación de seguridad de esta población.
El Gobierno actual ha impulsado la Paz Total como una política de Estado frente a la grave situación de violencia en el país, la cual busca dialogar con actores armados con vocación política y avanzar en acercamientos para la sujeción a la justicia de Estructuras Armadas Criminales de Alto Impacto -EACAI-. Pese a estos importantes esfuerzos, aún no hay claridad sobre cómo se implementará el enfoque de derechos humanos de esta política, ni cómo se harán vinculantes las contribuciones de la sociedad civil y de las víctimas para su implementación, concluye el informe.
Desde 2017 la situación de agresiones contra las personas defensoras de DD. HH. y liderazgos sociales se ha deteriorado. Entre enero de 2017 y diciembre de 2022 se habrían cometido por lo menos 920 asesinatos y 4.084 agresiones entre las que se cuentan amenazas, detenciones, desapariciones, judicializaciones, atentados, violencia sexual y robo de información. Frente a esta situación, y contrario a la evaluación de seguimiento hecha por el Comité, la respuesta estatal ha sido limitada e insuficiente.
El informe de la sociedad civil concluye que, en el marco del conflicto armado colombiano, los derechos de las niñas, niños y adolescentes se siguen vulnerando, siendo los grupos armados (tanto ilegales como legales) los responsables de perpetuar graves violaciones a sus derechos. Entre 2016 a 2022 se registraron 363 eventos de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes; por su parte, las fuerzas armadas de Colombia realizaron 205 campañas cívico-militares que afectaron a esta población.
Además, las acciones de los grupos armados en el territorio nacional han diversificado las formas de vulneración a la integridad de la vida de las niñas, niños y adolescentes, tales como los asesinatos y mutilaciones, ataques contra escuelas y hospitales, violencia sexual, secuestro y desplazamiento forzado. Frente a esta última, el secretario general de la ONU confirmó que para corte de 2021 se habrían afectado directamente a 136.370 personas menores de 18 años de edad.
La violencia contra las mujeres tuvo un gran aumento debido a la contingencia del COVID-19. Únicamente durante el año 2022 se registraron 47.771 casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 7.713 casos más que en 2021.
En materia de derecho a la privacidad, el informe señala que, según revelaciones de la revista Semana, aproximadamente 130 personas, incluyendo periodistas nacionales e internacionales y defensor(as) de DD. HH., habrían sido objeto de perfilamientos entre febrero y diciembre de 2019. Añade el informe que las investigaciones penales y disciplinarias sobre estos hechos no han arrojado resultados, las víctimas no tienen acceso a la información y, además, que el episodio continúa impune sin que se establezcan garantías de no repetición.
Según revelaciones de la Federación para la Libertad de Prensa -FLIP-, el plan de adquisiciones de 2023 del Comando de las Fuerzas Militares incluye la compra de un sistema de ciberinteligencia basado en inteligencia artificial que “integre diversas fuentes de información de fuentes abiertas, así como de información y contenido dispuesto en internet.” Aún no hay claridad sobre el impacto del uso de estas tecnologías en los derechos humanos y el marco legal para su uso, concluye el informe.
Las 20 organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos formularon un total de 39 recomendaciones relacionadas con los nueve capítulos del informe, las cuales esperan que el Comité incluya dentro de sus propias recomendaciones al Estado colombiano. Dentro de estas se destacan: avanzar efectivamente en el desmantelamiento de estructuras paramilitares, producir resultados en las investigaciones sobre financiadores e instigadores del paramilitarismo, reforzar la protección a personas defensoras, derogar de manera definitiva todas las leyes y políticas que permiten el uso excesivo de la fuerza en contextos de protesta social, unificar y garantizar la participación de la sociedad civil en la reforma policial y del ESMAD.
También recomiendan que el Comité exprese su respaldo al Acuerdo Final de Paz y haga un llamado al Estado colombiano para que priorice su implementación honrando la centralidad y los derechos de las víctimas. En relación con los impactos del conflicto armado en niñas, niños y adolescentes, en particular entre los 12 y 17 años, se insiste en que el Comité recomiende al Estado cesar todas las acciones cívico-militares y prevenir el reclutamiento forzado.
Frente a la continuidad de la desaparición forzada, las organizaciones piden al Comité que recomiende al Estado acelerar las investigaciones y sanciones, fortalecer a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas –UBPD- y adecuar la tipificación de este crimen en la legislación penal colombiana reconociendo, como en la normativa internacional, la responsabilidad estatal en este delito. En materia de política carcelaria, piden que se investigue la tortura, que se garantice el derecho a la salud y las condiciones dignas de reclusión.
De igual manera, esperan que el Comité conmine al Estado a establecer una reforma a la legislación en materia de inteligencia acorde con los derechos humanos, y un sistema nacional de depuración de archivos de inteligencia; la investigación, juzgamiento y sanción de la inteligencia ilegal del DAS, incluyendo avances en el caso que adelanta la Comisión de Acusaciones contra el Expresidente Álvaro Uribe, así como de los nuevos casos que involucran el uso de inteligencia ilegal.
El Examen del Comité se realizará este 10 y 11 de julio, entre las 8:00 a. m. y las 11:00 a. m., el primer día, y entre las 3:00 a. m. y las 6:00 a. m., el segundo (hora Colombia) y será transmitido por el canal de Naciones Unidas y por las páginas de Facebook de las organizaciones que elaboraron el presente informe.
Entre el 21 y el 25 de julio próximo se conocerá el informe final del Comité de la ONU de Derechos Humanos y las recomendaciones al Estado colombiano.
