Niñas, niños y adolescentes en el centro de las emergencias
Lo que está en juego hoy en la JEP también son las personas víctimas de reclutamiento y utilización
Bogotá, septiembre de 2026
Desde la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) expresamos nuestra preocupación frente a las circunstancias que actualmente pueden afectar el normal desarrollo de las actuaciones del Sistema Integral para la Paz, como lo es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) particularmente aquellas relacionadas con el Macrocaso 07, sobre reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), quién es la encargada de buscar las personas desaparecidas antes de 2016.
El Caso 07 representa una apuesta histórica del país por investigar una de las manifestaciones más graves de violencia cometidas contra las niñas, niños y adolescentes durante el conflicto armado. Su existencia ha permitido que miles de víctimas y comunidades sean escuchadas y reconocidas dentro de un escenario judicial especializado diseñado para esclarecer responsabilidades y responder a patrones de violencia que durante décadas permanecieron en gran medida en la impunidad.
Esto adquiere especial relevancia si se considera que, en la justicia penal ordinaria, la impunidad ha sido un factor de persistencia dentro de las investigaciones realizadas en el marco del conflicto armado interno colombiano, en las que durante años persiste un número muy reducido de sentencias condenatorias. En este contexto, la justicia transicional constituye para las víctimas una oportunidad innegociable que no puede entenderse únicamente como un procedimiento judicial, pues representa el reconocimiento del Estado de que lo ocurrido con sus vidas, sus familias y sus comunidades que merece una respuesta digna, superando una lógica exclusivamente punitiva y dando paso a un modelo restaurativo centrado en la verdad, el reconocimiento de responsabilidades, la reparación y la no repetición.
Es importe tener en cuenta no solo las voces de los funcionarios y colaboradores del Estado, y organizaciones, si no de la víctimas quienes son las que directamente sufren los impactos; las victimas que actualmente representamos tienen diferentes voces, donde señalan la importancia de cerrar un proceso que ya inicio, con todas la garantías y eficacia, como el acceso a la justicia y a la verdad y el encontrar a sus seres queridos dados por desaparecidos, la cual están esperando hace muchos años. Para las victimas este ha sido un proceso significativo y positivo donde la escucha de sus vivencias y daños han sido por primera vez puesta en la mesa.
Como nación hemos realizado una importante inversión institucional, jurídica y humana para avanzar en la construcción de verdad y justicia frente al conflicto armado. Esa construcción también se sostiene sobre la confianza de las víctimas, la cual depositaron en el Estado colombiano a través este Sistema, lo que ha contribuido a la reconstrucción del tejido social.
Por esto, hacemos un llamado y reflexión a proteger las condiciones que permitan garantizar los derechos de las víctimas y dar continuidad de la investigación, búsqueda, así como la participación efectiva de las víctimas y el avance de los procesos judiciales en la justicia transicional. El debilitamiento del estado no es la respuesta a la confianza depositada por las víctimas.
Señoras y señores Congresistas, las niñas, niños y adolescentes víctimas del reclutamiento y utilización de ayer y de hoy no merecen que le den la espalda y les nieguen de nuevo verdad y justicia y una esperanza de que esto no siga sucediendo.
