
Ser niña en medio del conflicto armado – Las afectaciones que no siempre se ven

Colombia celebra 20 años del Código de la Infancia y la Adolescencia con avances y retos
La protección integral es una obligación estatal incumplida mientras la guerra, la desigualdad y el crimen organizado siguen arrebatando la vida y los derechos de niñas, niños y adolescentes en Colombia
Bogotá, 20 de noviembre de 2026
Este 20 de noviembre, Día Universal de los Derechos del Niño y la Niña, fecha en la que se conmemora la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, nos convoca a reflexionar sobre los avances y las deudas pendientes en la garantía de sus derechos. Esta conmemoración coincide con los veinte años de la expedición de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, un avance jurídico construido a partir de décadas de trabajo de organizaciones sociales, instituciones y personas comprometidas con los derechos de la niñez y la adolescencia. Esta ley reafirmó la protección integral, el interés superior y la prevalencia de sus derechos, y estableció responsabilidades concretas para el Estado, la familia y la sociedad.
Sin embargo, veinte años después, persiste una contradicción en Colombia que no se puede ignorar: mientras la ley reconoce la prevalencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la guerra y la violencia ejercida por grupos armados y organizaciones delictivas continúan arrebatándoles la vida, vinculándoles a la violencia armada, separándolos de sus familias, expulsándolos de sus territorios y limitando sus posibilidades de crecer en condiciones de dignidad y protección.
Desde la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) se reconoce la importancia de este aniversario y los avances alcanzados. No obstante, se advierte que el reconocimiento formal de los derechos resulta insuficiente cuando las medidas de prevención y protección llegan tarde, las alertas no se traducen en respuestas efectivas y las decisiones de seguridad no incorporan de manera suficiente la protección de quienes enfrentan los mayores riesgos.
La distancia entre los derechos reconocidos en la ley y las condiciones en las que crecen niñas, niños y adolescentes en los territorios especialmente, de aquellos afectados por el conflicto armado, el crimen organizado, la corrupción y la desigualdad estructural sigue siendo una deuda del Estado colombiano.
Una realidad que contradice las garantías reconocidas en la ley
El seguimiento del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado (ONCA) de la COALICO evidencia la persistencia y gravedad de las afectaciones. Durante 2025 documentamos 292 eventos de conflicto armado que afectaron a por lo menos 379.524 niñas, niños y adolescentes.
Esta situación continuó durante el primer semestre de 2026. Según el Boletín de Monitoreo N.º 35 del ONCA, se registraron 165 eventos que afectaron a por lo menos 48.003 niñas, niños y adolescentes, entre ellos 53 eventos de desplazamiento forzado y refugio, 47 de vinculación por grupos armados y delictivos, 33 de bloqueo de suministros y servicios básicos y 29 de ataques y ocupaciones de escuelas, hospitales y otros bienes civiles.
Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño y Valle del Cauca se encuentran entre los departamentos con mayores afectaciones documentadas durante este periodo.
Estas cifras reflejan las consecuencias de un conflicto armado que sigue comprometiendo la vida cotidiana de miles de familias y comunidades. También evidencian la persistencia de las seis violaciones graves contra niñas, niños y adolescentes reconocidas por el mecanismo de supervisión y presentación de informes, establecido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: reclutamiento y utilización, asesinato y mutilación, violencia sexual, secuestro, ataques contra escuelas y hospitales y denegación de acceso humanitario.
A estas violaciones se suman el desplazamiento forzado, las restricciones a la movilidad y los bloqueos de suministros y servicios básicos, que afectan las condiciones necesarias para ejercer sus derechos y permanecer en sus territorios.
No se puede considerar garantizado el mandato legal de protección integral cuando miles de niñas, niños y adolescentes continúan creciendo bajo amenazas, desplazamientos, confinamientos y riesgos de reclutamiento. El Estado tiene la obligación de actuar antes de que las vulneraciones ocurran, no solamente cuando sus consecuencias son irreparables.
Los hechos recientes exigen protección y responsabilidades
La COALICO rechaza los ataques con explosivos y otras acciones armadas registrados entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Cauca, Huila y Tolima, que han dejado personas fallecidas, heridas y afectaciones a bienes civiles.
El atentado ocurrido en Planadas, Tolima, en el que perdió la vida una niña de apenas dos meses de edad, junto con otras personas, exige una respuesta que vaya más allá de las declaraciones de condena. Su muerte debe ser investigada y los responsables deben responder ante la justicia. Las familias afectadas requieren atención, protección y reparación.
Exigimos a los grupos armados cesar los ataques contra la población civil y las acciones que ponen en riesgo a niñas, niños y adolescentes. El uso de explosivos en lugares donde se encuentran comunidades, viviendas, establecimientos educativos y servicios de salud plantea graves preocupaciones frente al cumplimiento de las obligaciones del derecho internacional humanitario.
Al Estado colombiano le corresponde investigar estos hechos, garantizar la atención a las víctimas y revisar las condiciones de prevención y protección en los territorios donde las comunidades han advertido reiteradamente sobre el incremento de los riesgos. Las alertas no pueden quedarse en documentos institucionales mientras la población continúa expuesta a nuevas acciones armadas.
La protección de niñas, niños y adolescentes debe orientar las decisiones de seguridad
En la COALICO consideramos necesario insistir en una cuestión que adquiere especial importancia frente al recrudecimiento de las confrontaciones armadas: la seguridad del Estado tiene una dimensión de derechos humanos que no puede reducirse a la respuesta militar, al control territorial o a los resultados operacionales de la Fuerza Pública.
Las operaciones militares deben desarrollarse con estricto cumplimiento del derecho internacional humanitario. Esto exige distinguir entre objetivos militares y población civil, adoptar todas las precauciones factibles para evitar daños y abstenerse de ataques que puedan causar pérdidas incidentales de vidas civiles o lesiones a personas civiles excesivas en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista. Esta obligación adquiere especial relevancia cuando existen indicios de presencia de niñas, niños y adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados.
La COALICO ha sostenido, incluso en su participación ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Caso 07, que las niñas, niños y adolescentes vinculados a los grupos armados deben ser reconocidos como víctimas de reclutamiento y utilización, con derecho a la protección, el restablecimiento de sus derechos y el acceso a la justicia.
Su condición de víctimas debe orientar las decisiones de prevención, las evaluaciones de riesgo de las operaciones y las medidas dirigidas a su desvinculación y protección. Las reglas del derecho internacional humanitario sobre conducción de hostilidades deben aplicarse en cada caso, sin desconocer que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes constituye una grave vulneración de sus derechos.
Los bombardeos y demás operaciones de ataque exigen una evaluación rigurosa de la información disponible sobre la posible presencia de niñas, niños y adolescentes, así como la adopción de las precauciones factibles para evitar o reducir al mínimo los daños a la población civil. No es admisible que la respuesta estatal ignore los riesgos conocidos de reclutamiento o renuncie a desarrollar alternativas de prevención, protección y desvinculación.
La respuesta frente al reclutamiento no puede limitarse a enfrentar militarmente a los grupos armados: debe impedirse que sigan incorporando niñas, niños y adolescentes a sus estructuras y garantizar condiciones para su salida y protección.
Una política de seguridad que pretenda ofrecer resultados sostenibles debe asegurar presencia institucional civil, educación, salud, protección social, acceso a la justicia y oportunidades de participación para la niñez y la adolescencia. También debe fortalecer la capacidad de las comunidades para prevenir riesgos y activar respuestas oportunas.
Veinte años después: obligaciones que deben cumplirse
El aniversario de la Ley 1098 de 2006 debe servir para examinar las responsabilidades pendientes y adoptar decisiones que tengan efectos concretos en los territorios.
Por ello, la COALICO hace un llamado al Gobierno nacional, a las entidades territoriales, al Congreso de la República, a los organismos de control y a las autoridades responsables de la protección de niñas, niños y adolescentes para que:
- Fortalezcan y financien la prevención del reclutamiento, uso y utilización, con presencia institucional permanente en los territorios de mayor riesgo, participación comunitaria y medidas que respondan a las condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes.
- Garanticen una respuesta oportuna a las alertas tempranas y a los riesgos identificados, con responsabilidades institucionales claras, seguimiento a las medidas adoptadas y coordinación efectiva entre las autoridades nacionales y territoriales.
- Incorporen la protección de niñas, niños y adolescentes en la planeación y ejecución de las operaciones militares, mediante evaluaciones de riesgo, cumplimiento estricto del derecho internacional humanitario y medidas para prevenir daños a quienes han sido reclutados o utilizados por grupos armados.
- Fortalezcan la investigación, la justicia y la reparación, con énfasis en la responsabilidad de quienes ordenan, facilitan o ejecutan el reclutamiento y otras graves violaciones, y en la protección de las víctimas frente a nuevas vulneraciones.
- Actualicen las estrategias de prevención y protección frente a los riesgos digitales, incorporando los desarrollos de la Resolución 2832 (2026), las responsabilidades de los proveedores de servicios digitales y mecanismos de denuncia y respuesta accesibles y seguros.
- Garanticen la participación de niñas, niños y adolescentes, reconociendo sus experiencias, propuestas y capacidades para contribuir a las decisiones que afectan su seguridad, sus derechos y la construcción de paz en sus territorios.
Nos complace tener una nueva herramienta frente al reclutamiento y otras violencias en entornos digitales: La Resolución 2832 (2026)
La COALICO saluda la adopción, el pasado 19 de octubre, de la Resolución 2832 (2026) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que reconoce los riesgos de las tecnologías digitales para niñas, niños y adolescentes afectados por los conflictos armados y llama a los Estados a fortalecer las medidas para prevenir las violaciones y abusos cometidos, facilitados o amplificados mediante estas tecnologías.
La resolución resulta especialmente pertinente para Colombia, donde los grupos armados y delictivos recurren a redes sociales, aplicaciones de mensajería y otros espacios digitales para establecer contacto con niñas, niños y adolescentes, generar relaciones de confianza, ofrecer beneficios económicos o promover su incorporación a actividades vinculadas con la violencia armada.
Estas modalidades de captación, manipulación y cooptación pueden desarrollarse progresivamente, mediante contactos que pasan de espacios públicos digitales a conversaciones privadas y mecanismos de presión o engaño.
La Resolución 2832 ofrece elementos para que los Estados fortalezcan sus sistemas de protección, desarrollen medidas de prevención y respuesta frente al reclutamiento y otras violencias digitales, promuevan mecanismos seguros de denuncia y avancen en la investigación de los responsables. También llama a considerar la cooperación con el sector privado y los proveedores de servicios digitales para reducir los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes.
La COALICO llama al Estado colombiano a incorporar estos desarrollos en sus políticas y protocolos de prevención del reclutamiento, uso y utilización, así como en las rutas de protección y atención. Las medidas deben incluir herramientas de identificación temprana, capacidades institucionales de respuesta, mecanismos de reporte y preservación de evidencia, y compromisos concretos de las plataformas digitales, respetando la privacidad, la protección de datos personales y los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La protección frente a los riesgos digitales no puede traducirse en restricciones indiscriminadas a su participación o acceso a la información. El desafío es impedir que los actores armados utilicen estos espacios para vulnerar sus derechos y garantizar que las tecnologías también contribuyan a su protección.
La protección integral no puede seguir llegando tarde
A veinte años de la expedición del Código de la Infancia y la Adolescencia, la COALICO reconoce el trabajo de las organizaciones sociales, comunidades, instituciones y personas que han contribuido a ampliar el reconocimiento y la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Colombia.
Sin embargo, los avances normativos no pueden ocultar las consecuencias de una protección que sigue siendo insuficiente en los territorios afectados por la guerra y el crimen organizado.
La muerte de una niña de dos meses en Planadas, las miles de víctimas documentadas por el ONCA durante lo corrido de este año y la persistencia del reclutamiento nos obligan a preguntarnos cuánto más debe ocurrir para que la protección integral deje de ser un enunciado formal y se materialice mediante políticas y presupuestos efectivos para todas las niñas, niños y adolescentes del país.
No basta con reconocer que sus derechos prevalecen. Esa prevalencia debe orientar las decisiones presupuestales, las políticas de prevención, las actuaciones de las autoridades y las estrategias de seguridad del Estado.
Colombia tiene una responsabilidad que no admite aplazamientos: garantizar que ninguna niña, niño o adolescente tenga que enfrentar la guerra, el reclutamiento, la violencia o el desplazamiento como parte de su infancia.
Veinte años después, la mejor manera de honrar la Ley de Infancia y Adolescencia es cumplirla. Y cumplirla significa proteger la vida, prevenir las violaciones de derechos y garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan construir en su presente un futuro en paz.

María Cristina Salazar Camacho:
pensamiento crítico vigente sobre los derechos de la niñez y la adolescencia
En esta conmemoración, la COALICO rinde un especial homenaje a María Cristina Salazar Camacho (1931–2006), socióloga, investigadora, defensora incansable de los derechos de la niñez y una de las mujeres que, hace 27 años, contribuyeron a fundar nuestra Coalición. Su pensamiento crítico, su compromiso con la justicia social y sus investigaciones sobre la explotación de niñas y niños, plasmadas en obras como “Los esclavos invisibles: Autoritarismo, explotación y derechos de los niños en América Latina”, ayudaron a visibilizar realidades que durante décadas permanecieron ignoradas y a fortalecer las luchas por el reconocimiento de sus derechos. Su legado forma parte de ese camino colectivo que hizo posible avanzar hacia una legislación fundada en la protección integral y el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. Hoy, cuando conmemoramos veinte años de la Ley de Infancia y Adolescencia, honramos su memoria reafirmando el compromiso que inspiró su vida y que sigue orientando el trabajo de la COALICO: no guardar silencio frente a las injusticias que afectan a la niñez y trabajar para que los derechos conquistados se conviertan en garantías reales para todas las niñas, niños y adolescentes de Colombia.
Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) conformada por:
– Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción Noviolenta –Justapaz
– Benposta Nación de Muchach@s
– Centro de Desarrollo y Consultoría Psicosocial Taller de vida
– Corporación Vínculos
– Defensa de las Niñas y Niños Internacional –DNI Colombia
– Fundación Creciendo Unidos – FCU-
– Servicio Jesuita a Refugiados Colombia –JRS/COL
– WarChild Colombia
– World Vision Colombia




