Informe sobre la situación y los impactos del desplazamiento forzado en niños, niñas y adolescentes en procesos de reubicación y retornos

En este 2018, los principios rectores sobre el desplazamiento forzado formulados por Francis Deng y aprobados por la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas cumplen 20 años desde su entrada en vigor. Asimismo, se cumplen 10 años desde que la Corte Constitucional profirió el Auto 251 para la protección de los niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA) en condición de desplazamiento.

Es muy diferente el escenario de política pública de esos dos momentos a hoy en materia de atención y protección a la población en situación de desplazamiento forzado en Colombia. Sin embargo, y a pesar de los cambios de contexto, ha sido muy escaso el impacto de éstas políticas públicas en la vida de quienes siguen siendo niños y niñas afectados por el desplazamiento; algunas de las medidas han llegado ya en su vida adulta sin que logren corregir y reparar el daño en sus proyectos de vida.

Un país que no actúa en presente a favor de los niños y niñas, sino que, desde la construcción misma de sus políticas públicas, los atiende como ciudadanos del futuro, es un país que pese a la firma y ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se mantiene en deuda con quienes considera en su constitución como sujetos prevalentes de derechos y ha demostrado debilidad al momento de generar prácticas y políticas de atención y prevención más responsables con la niñez.

Es en esta necesidad en la que se inscribe el presente Informe, producto de un proceso de investigación que se ha concentrado en dar cuenta de los impactos del desplazamiento en la vida de NNA, con el propósito de producir recomendaciones que redunden en el mejoramiento de la implementación de la política pública y, por supuesto, incorpore el enfoque de niñez y adolescencia en los procesos de reubicación y retorno en 4 zonas del país como son: Putumayo, Norte de Santander, Buenaventura (Valle del Cauca) y Soacha (Cundinamarca); regiones que, por una parte, dan cuenta tanto de contextos

de afectación en territorios urbanos como rurales y permiten, por otra parte, reflexionar sobre lo que actualmente ocurre en territorios fronterizos complejos en términos de construcción de paz.