Comunicado público: Respeto y justicia para la niñez y la adolescencia en Colombia por las atroces violaciones cometidas en su contra a manos de los actores armados
Memorias del Seminario Latinoamericano sobre la situación de la #NiñezReclutada en Colombia y los avances del tema en los Acuerdos de Paz
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS
Declaración oral
Item 3: Informe de la Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados
Ginebra, 2 de julio de 2020
Señora Presidenta:
La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO)[1], organizaciones representantes de la sociedad civil en el Equipo Especial de la Resolución 1612 en Colombia, nos sumamos a las preocupaciones del Secretario General en su reciente informe sobre niños y los conflictos armados Colombia (A/74/845–S/2020/525) y a las recomendaciones del informe anual de la Representante Especial del Secretario General (A/HRC/43/38).
El aumento de la militarización en Colombia, como consecuencia de la actual política de seguridad, afecta especialmente a los niños, niñas y adolescentes. Un ejemplo de esto es el convenio de cooperación firmado entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en septiembre de 2019, cuyas acciones vulneran el principio de distinción y pueden poner en peligro la vida, libertad e integridad de las niñas, niños y adolescentes.
Así mismo, la expansión territorial de los diversos actores armados, causada por el incumplimiento del Acuerdo de Paz por parte del Gobierno, ha generado un escalamiento del conflicto armado en varias regiones de Colombia. Las acciones armadas han afectado a, por lo menos, 8.400 niñas y niños en 2020[2], incluyendo asesinatos, desplazamientos y reclutamientos forzados y confinamientos. Como si esto fuera poco, en la última semana se han conocido múltiples y alarmantes casos de violencia sexual contra niñas y niños indígenas en diferentes lugares del país, cometidos por miembros de las fuerzas militares[3].
Por lo anterior, pedimos a la Representante Especial y al Consejo de Derechos Humanos que urjan a Colombia a implementar acciones efectivas para proteger a los niños y las niñas de la acción de todos los grupos armados, incluidas las fuerzas militares. También urge exhortarla a demostrar, más allá de las palabras, su real voluntad de implementar el Acuerdo de Paz, con aplicación de los enfoques diferenciales y en atención del principio del interés superior del niño.
Gracias señora Presidenta.
