Boletín de monitoreo N°. 33: Niñez y conflicto armado en Colombia

noviembre 19, 2025

Pronunciamiento Público

Bogotá D.C., 20 de noviembre de 2025

La COALICO rechaza de manera categórica y lamenta profundamente la muerte de al menos 15 niñas, niños y adolescentes en bombardeos realizados por la Fuerza Pública entre agosto y noviembre de 2025 en Guaviare, Arauca y Amazonas[1], y expresa su solidaridad con sus familias y comunidades. Esta tragedia se suma a la persistencia del reclutamiento, uso, utilización y demás graves violaciones a los derechos humanos cometidas por actores armados contra la niñez y la adolescencia en distintas regiones del país.

Frente a este panorama, la COALICO hace un llamado urgente y firme a todas las instituciones del Estado y a los actores armados a honrar su obligación de proteger a la niñez y la adolescencia. Además, reitera que la construcción de paz no puede esperar. Incluso en medio de las adversidades, el país está llamado a garantizar que ningún niño o niña sea tratado como botín ni tropa, sino reconocido plenamente como sujeto de derechos.

Se evidencia una crisis humanitaria que afecta de manera directa y desproporcionada a la niñez y la adolescencia colombianas

En la semana en que el mundo conmemora el 20 de noviembre, Día Universal de los Derechos de Niñas y Niños y aniversario 36 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), reafirmamos que toda medida que afecte a personas menores de 18 años debe tener como consideración primordial su interés superior (art. 3 CDN). A pesar de este mandato, miles de niñas, niños y adolescentes en Colombia continúan siendo obligados a participar en escenarios de guerra que vulneran su dignidad, autonomía y derechos fundamentales.

Los más recientes informes del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado (ONCA) de COALICO evidencian una tendencia sostenida y profundamente alarmante. Solo en 2024[2], 44.784 niñas, niños y adolescentes fueron afectados por hechos relacionados con el conflicto armado. Se registraron 669 eventos de conflicto, de los cuales 317 impactaron directamente a la niñez en 31 departamentos, y se verificaron 127 hechos de reclutamiento y utilización que dejaron 228 víctimas infantiles, reflejando un incremento del 47% frente al año anterior. Entre enero y septiembre de 2025 la COALICO[3] ha registrado por lo menos 199 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento, uso y utilización.

Las instituciones del Estado y de la comunidad internacional corroboran este escenario: la Defensoría del Pueblo registró 162 casos de reclutamiento entre enero y octubre de 2025. La JEP identificó 140 casos entre enero y abril; y se detectaron más de 146 cuentas en redes sociales, especialmente en TikTok, utilizadas por grupos armados para captar niñas, niños y adolescentes mediante engaño y manipulación digital. El CICR documentó 77 desapariciones de niñas, niños y adolescentes en 2024, la mayoría asociadas a reclutamiento. Finalmente, la ONU advierte del incremento del control territorial de grupos armados y sus impactos sobre la vida, integridad y libertad de la niñez y la adolescencia.

La COALICO[4] alerta que las disputas entre grupos armados, el control territorial, la expansión de economías ilegales, las restricciones a la movilidad y las presiones sobre comunidades están potenciando el riesgo de reclutamiento, uso y utilización, particularmente mediante presiones directas, amenazas, vigilancia, manipulación digital, instrumentalización comunitaria, seducción y coerción, que recaen con mayor agudeza sobre adolescentes entre los 12 y 17 años. Zonas como el Pacífico (Cauca, Nariño, Chocó), Catatumbo, Arauca, Amazonía y Bajo Cauca presentan riesgos extremos, especialmente para pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, sometidas a confinamientos, desplazamientos forzados y rupturas de tejido social. Las niñas y adolescentes enfrentan riesgos agravados derivados de violencias basadas en género, incluida la violencia sexual como forma de control y sometimiento.

Los bombardeos en campamentos donde hay niñas, niños y adolescentes reclutados son inaceptables y deben cesar de inmediato

En primer lugar, es imprescindible recordar que el marco jurídico es claro: el reclutamiento es un crimen. La CDN, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del Niño relativo a la Participación de niños en los conflictos armados, el Estatuto de Roma y el Convenio 182 de la OIT, entre otros, imponen la obligación de prevenir y prohibir el reclutamiento y utilización de personas menores de 18 años de edad en hostilidades. Para la COALICO, estas niñas, niños y adolescentes son víctimas de los grupos armados que los reclutan como estrategia de guerra y del Estado, que no logra prevenir estos hechos y que, en algunos casos, privilegia el uso desproporcionado de la fuerza por encima de medidas orientadas al restablecimiento de sus derechos.

Es indispensable superar la falsa dicotomía “combatiente–civil” cuando se trata de niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito. El principio constitucional del interés superior del niño, articulado con los estándares del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), exige reconocer que, aunque un niño o niña reclutados pueda participar directamente en hostilidades, sigue siendo un sujeto de especial protección, cuyos derechos prevalecen y cuya condición de víctima no se extingue. Las niñas, niños y adolescentes reclutados son, simultáneamente, personas en situación de máxima vulnerabilidad —privadas de su autonomía y sometidas a coerción— y parte de un actor armado por decisión de terceros, no por voluntad propia finalmente. No pueden equipararse a combatientes adultos, ni considerarse objetivos militares en igualdad de condiciones, pues sobre ellos y ellas recaen garantías reforzadas.

Por lo anterior, la interpretación del DIH debe hacerse a la luz del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, que establece obligaciones de protección antes, durante y después del reclutamiento. Sus artículos 6 y 7 ordenan a los Estados adoptar medidas de recuperación, restablecimiento de derechos, reintegración social, acceso a la justicia y reparación para niñas, niños y adolescentes reclutados ilícitamente, incluso cuando participan activamente en hostilidades. Este protocolo, con naturaleza jurídica mixta, impone obligaciones tanto en clave de DIDH como de DIH, lo que refuerza el deber del Estado de privilegiar acciones orientadas a la recuperación y protección, no la confrontación letal.

En consecuencia, para la COALICO, el DIH no avala acciones militares que no tengan como objetivo prioritario la recuperación y protección de los niños, niñas y adolescentes reclutados. Aunque estos puedan verse involucrados en hostilidades, no pueden considerarse objetivos militares equiparables a combatientes adultos. Tal como lo ha sostenido la Defensoría del Pueblo, se requiere suspender el uso preferente de bombardeos contra campamentos donde pueda haber niñas, niños y adolescentes reclutados y evaluar rigurosamente la relación entre medios y métodos de guerra y la ventaja militar concreta, bajo el compromiso de garantizar la vida, integridad y derechos de la niñez y la adolescencia.

Llamados a la acción inmediata

El camino hacia la paz comienza por hacer reales y efectivos los derechos de niñas, niños y adolescentes desde ahora, mediante acciones de protección inmediata, Planes de Acción contenidos en las Resoluciones 1539 (2004) y 1612 (2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, acuerdos humanitarios especiales o mecanismos de desescalamiento que salvaguarden a la niñez y la adolescencia mientras se avanza hacia la terminación del conflicto, ojalá por la vía negociada.

En esta semana del 20 de noviembre recordamos, con firmeza, que ninguna circunstancia —ni conflicto armado, ni disputa política, ni crisis territorial o electoral— justifica el reclutamiento o utilización de niñas, niños y adolescentes. Protegerles es una obligación inmediata, indelegable y no negociable.

Por ello, hacemos los siguientes llamados urgentes:

A los grupos armados para cesar el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, liberar de forma segura e incondicional a quienes se encuentran bajo su control, abstenerse de utilizar escuelas, hospitales y espacios comunitarios con fines militares y respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del DIH.
Al Estado colombiano, para reconocer esta situación como una crisis nacional de derechos humanos, implementar un Plan de Emergencia Nacional, fortalecer la CIPRUNNA, el ICBF, la Defensoría del Pueblo y las autoridades locales, garantizar que la protección de la niñez y adolescencia sea eje central en todos los escenarios de diálogo y asegurar atención psicosocial, educativa y de proyecto de vida para la niñez desvinculada.
A las autoridades territoriales y al sistema educativo, para activar rutas rápidas de prevención y consolidar las Escuelas como entornos protectores y protegidos.
A las empresas de redes sociales, para prevenir y bloquear dinámicas de reclutamiento digital.
Y finalmente, a la sociedad y los medios de comunicación, para rechazar la estigmatización y comunicar siempre estos hechos con ética y responsabilidad.

El 20 de noviembre no es solo una fecha conmemorativa, es un recordatorio de obligaciones. A 36 años de la CDN, reiteramos que ningún proyecto político, militar o económico puede construirse a costa de la infancia y la adolescencia. Proteger a las niñas, niños y adolescentes en Colombia no es un gesto simbólico; es un mandato jurídico y ético que debe cumplirse todos los días, en todos los territorios y por todas las autoridades y actores armados.

Mientras el conflicto persista, el interés superior de la niñez y la adolescencia debe ser la línea roja que nadie cruza. Nuestro deber de protegerla no se suspende, no se aplaza y no admite excusas.

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