Hoy 20 de noviembre a 29 años de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño[1] y la Niña, la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) exhorta y le recuerda al Estado Colombiano su obligación de proteger de manera efectiva a la niñez y la adolescencia y especialmente para aquellos(as) que pertenecen a comunidades indígenas y afrodescendientes.
Bogotá, 20 de noviembre de 2018
La COALICO reitera su rechazo a las persistentes y graves violaciones al derecho a la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes a causa del conflicto social y armado en el país durante el presente año, y exhorta al Estado colombiano a adoptar medidas urgentes de protección para la niñez y adolescencia perteneciente a comunidades afrodescendientes e indígenas en el país.
Por ejemplo, en Buenaventura la situación de inseguridad en los últimos días se ha exacerbado debido a los enfrentamientos armados que se vienen presentando desde hace tres semanas y que resultaron entre otros, en la decisión de suspender las clases en 41 instituciones educativas públicas del municipio para los días jueves 15 y viernes 16 de noviembre pasado[2], y que dejan hasta el momento 10 personas sin vida[3] entre los que se encuentra un joven de 18 años de edad. El alcalde de Buenaventura, Edison Bioscar Ruiz Valencia, dijo que la situación de orden público se ha generado por la disputa del territorio entre bandas criminales y señaló que existe información que ratifica la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) en las comunas 10, 11 y 12 de este municipio.[4]
Otra de las situaciones de preocupación para la COALICO, son las afectaciones a las comunidades indígenas víctimas de los grupos armados -tanto ilegales como legales- que hacen presencia en sus territorios, quedando en medio del fuego cruzado y siempre expuestos a sufrir todos los efectos de la guerra. Y es que, el pasado mes de agosto líderes indígenas entregaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), seis informes que dan cuenta del rigor que han sufrido sus pueblos por razón del conflicto armado que persiste pese a la firma del Acuerdo de Paz[5] con las FARC-EP. Aida Quilcué, consejera de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) señaló que desde la firma a hoy se han presentado más de 12.000 hechos victimizantes en contra de personas indígenas en Colombia.[6]
Un caso reciente son las más de 450 personas indígenas pertenecientes a los Pueblos Embera Dóbida, Katío y Wounaan, entre los que se encuentra un porcentaje considerable de niños y niñas y mujeres en estado de gestación -provenientes del Bajo Atrato chocoano, en el Pacífico colombiano-, que llegaron a Bogotá huyendo principalmente de la violencia por las pugnas entre grupos armados que se enfrentan por el dominio del territorio; la presencia de minas antipersonal en sus regiones y lugares de plantación; y los constantes riesgos de reclutamiento que existen para los niños, niñas y adolescentes para exigir al gobierno protección. Tras atravesar por una situación humanitaria compleja viviendo en condiciones indignas en la capital del país, sin ropa adecuada para soportar las bajas temperaturas, sin alimentos y sin medicamentos, entre otras necesidades básicas sin cubrir, lograron establecer nuevos acuerdos hacia el restablecimiento de sus derechos en un espacio de diálogo entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Indígena Embera Katio – Eyabida, Dóbida, Wounaan y Zenú de los Municipios de Riosucio y Carmen del Darién del Chocó, en la sede de la Personería de Bogotá según informó la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).[7]
Dentro de los acuerdos se encuentra un diagnóstico de seguridad del Chocó para establecer una ruta y así atender la situación de orden público y el acompañamiento por parte del Instituto Nacional de Bienestar Familiar (ICBF) durante el proceso de retorno de la comunidad. Será importante que el gobierno adopte un enfoque preventivo y de atención a estas comunidades y garantice la seguridad en todo el proceso del retorno al tiempo que cumple con lo pactado.
La COALICO ve con preocupación estos y otros hechos ocurridos durante el 2018 y reitera a los grupos armados la obligación de aplicar y respetar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular el principio de distinción, que brinda a los civiles y -de manera prevalente a los niños y niñas-, protección especial, demandando a las partes en conflicto mantener fuera de las hostilidades a la población civil y solicita al Estado brindar asistencia humanitaria de calidad y oportuna a las comunidades afectadas.
Es urgente emprender efectivas medidas de prevención y protección desde el Estado para garantizar los derechos de los niños, niñas y jóvenes en todo el territorio nacional y más aún, en zonas de alto impacto del conflicto armado, y evitar que en regiones como el Pacífico colombiano -y en el resto del país-, la niñez y la adolescencia continúen siendo víctimas de las violaciones de sus derechos humanos truncando así la esperanza de construir condiciones para que vivamos la paz.
Si los contextos de vida de los niños, niñas y adolescentes no son espacios de protección, los esfuerzos desde ellos y ellas, la familia, la escuela y las comunidades se quedan como expresiones aisladas e insuficientes para evitar que el conflicto armado y la violencia siga arrebatándoles la vida misma.
La Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO): Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción Noviolenta (Justapaz); Asociación Taller de Vida; Benposta Nación de Muchach@s; Corporación Vínculos; Defensa de niñas y niños internacional – DNI, Colombia; Fundación Creciendo Unidos (FCU); Servicio Jesuita a Refugiados Colombia (JRS Colombia).