Bogotá 17 de septiembre de 2021
La Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO)[1], manifiesta su preocupación por los hechos que se han venido presentado desde el pasado 6 de septiembre del presente año, al interior y en los alrededores de la sede Semilleros de Paz perteneciente a la Institución Educativa José Odel Lizarazo ubicada en el municipio de Saravena, departamento de Arauca, donde diferentes actores armados han realizado acciones tales como: utilización de artefactos explosivos, hostigamientos, ubicación de vehículos militares y patrullajes en inmediaciones del colegio.
Dichas acciones preocupan al cuerpo docente y administrativo, a los padres de familia y en especial a las niñas, niños y adolescentes que asisten al plantel, ya que los riesgos inminentes de enfrentamiento entre los actores armados han generado pánico y temor en la comunidad educativa, que se suman a las afectaciones físicas sufridas por uno de los estudiantes en días pasados.
La COALICO recuerda que los centros de aprendizaje deben ser respetados como espacios seguros, entendidos como lugares que promuevan los valores culturales, las construcciones sociales y la exploración de otras maneras de ser, creer, transformar y construir, libres de abusos y violencias.
Se debe recordar que de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario las escuelas se consideran bienes de carácter civil, cuyo ataque en caso de no ser objetivos militares legítimos se encuentra restringido[2] y puede configurar un crimen de guerra. Adicionalmente, dicha normativa vinculante para todas las partes en conflicto les obliga a tomar todas las precauciones factibles para proteger de los efectos de los ataques a los bienes de carácter civil como en general son las escuelas[3]. Asimismo, les prohíbe situar objetivos militares en el interior o cerca de zonas pobladas para alejarlos lo más posible de civiles y bienes de carácter civil como generalmente son las escuelas[4].
La ubicación de tanquetas, vehículos militares o la presencia de combatientes, al igual que las amenazas y los ataques a la comunidad educativa y su infraestructura, por parte de los miembros de la Fuerza Pública o de grupos armados ilegales se encuentra prohibida por el DIH y afecta de manera directa los derechos fundamentales a la vida, integridad personal, educación, libertad cultural, asociación y la participación de la niñez, la adolescencia y la juventud.
Desde la COALICO hacemos un llamado urgente a todos los actores armados, para la terminación de todas las acciones que ponen en riesgo los Derechos de la niña y en niño, de conformidad con lo establecido por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su Resolución (S/PRST/2009/9) donde:
“insta también a las partes en conflictos armados a que se abstengan de toda medida que obstaculice el acceso de los niños a la educación, en particular, los ataques o amenazas de ataque contra alumnos o maestros en su calidad de docentes, el uso de escuelas en operaciones militares y los ataques a escuelas, todos ellos prohibidos por el derecho internacional aplicable”[5].
Del mismo modo insistimos al Estado Colombiano en brindar las garantías y el acompañamiento pertinente para hacer de la escuela un espacio seguro, protegido y protector para la comunidad educativa, fundamentalmente para las niñas, niños y adolescentes. Igualmente reiteramos la urgente necesidad de suscribir “La Declaración sobre Escuelas Seguras”[6] que llama a los Estados a avanzar de manera decidida en la protección de la población civil afectada por el conflicto armado, donde se hace necesario evitar a toda la costa la utilización de las escuelas con fines militares, así como también, mejorar la recolección de datos referentes a población afectada, la investigación de las infracciones denunciadas conforme a las leyes locales y a las directrices internacionales y la garantía de la continuidad y el acceso a la educación.
Por último, la COALICO se suma a las solicitudes realizadas por el señor Rector de la I.E. José Odel Lizarazo “Villamaga” para que de manera urgente se ordene a la Fuerza Pública que “permanezca a una distancia que no coloque en riesgo la vida de los educandos y del personal docente y administrativo del plantel, de acuerdo a lo contemplado en el marco del Derecho Internacional Humanitario”[7].
[1] Plataforma de organizaciones de la sociedad civil conformada por: Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción Noviolenta –Justapaz–, Benposta Nación de Muchach@s, Centro de Desarrollo y Consultoría Psicosocial – Taller de vida, Corporación Vínculos, Defensa de las Niñas y Niños Internacional –DNI Colombia, Fundación Creciendo Unidos –FCU- – Servicio Jesuita a Refugiados Colombia –JRS/COL –
[2] Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario, Volumen 1: Normas, Comité Internacional de la Cruz Roja (“Estudio del CICR sobre el DIH Consuetudinario”), normas 8, 9 y 10.
[3] Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario, Volumen 1: Normas, Comité Internacional de la Cruz Roja (“Estudio del CICR sobre el DIH Consuetudinario”), norma 22.
[4] Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario, Volumen 1: Normas, Comité Internacional de la Cruz Roja (“Estudio del CICR sobre el DIH Consuetudinario”), normas 23 y 24.
[5] Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad, https://undocs.org/pdf?symbol=es/S/PRST/2009/9 consultado el 17 de septiembre del 2021.
[6] DECLARACIÓN SOBRE ESCUELAS SEGURAS. https://protectingeducation.org/wp-content/uploads/documents/documents_spa_safe_schools_declaration_21_05_2015.pdf, consultado el 17 de septiembre de 2021.
[7] Comunicado Público. Sr. Rector German Augusto Ramírez Gómez. I.E. José Odel Lizarazo “Villamaga”. 16 de septiembre de 2021.
Consulte la carta del señor Germán Augusto Ramírez Gómez, Rector de la Institución Educativa José odel Lizarazo «Villamaga», a la Defensoría del Pueblo, seccional Arauca.