Hay vidas que se convierten en legado.
Bogotá, 07 de agosto de 2026
Toda transición democrática implica nuevas prioridades. Para la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) existe una prioridad que no tiene discusión: la protección integral de niñas, niños y adolescentes debe constituirse en uno de los principales compromisos del nuevo Gobierno Nacional.
En el marco de la posesión del nuevo Presidente de la República de Colombia, la COALICO recuerda al Gobierno Nacional, a las instituciones del Estado, a las autoridades públicas, a los distintos sectores políticos y sociales, y a la ciudadanía en general para que el inicio de este nuevo periodo presidencial esté guiado por el respeto a la Constitución Política, el Estado Social de Derecho, la separación de poderes, la independencia de las instituciones y los principios democráticos que sustentan nuestra convivencia. Los compromisos asumidos por el Estado colombiano en materia de derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario, protección integral, construcción de paz y garantías de no repetición mantienen plena vigencia y deben orientar la acción pública durante este nuevo periodo presidencial.
La transición gubernamental representa una oportunidad para reafirmar el compromiso del país con la garantía efectiva de los derechos humanos y con la construcción de una paz que tenga a niñas, niños y adolescentes en el centro de las decisiones públicas.
Colombia enfrenta desafíos profundos que continúan afectando de manera desproporcionada a niñas, niños y adolescentes, en especial las niñas, niños y adolescentes pertenecientes a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y otros pueblos étnicos. La persistencia del conflicto armado y de otras formas de violencia armada, el reclutamiento, uso y utilización, la violencia sexual, los desplazamientos forzados, los confinamientos, las restricciones al acceso y permanencia en la educación, las afectaciones contra las escuelas, las violencias basadas en género, las barreras de acceso a la justicia y las nuevas formas de captación mediante entornos digitales exigen respuestas integrales, coordinadas y sostenidas por parte del Estado, con especial énfasis en la prevención, la protección integral y la garantía efectiva de sus derechos.
En este sentido, como la paz constituye un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, avanzar en su construcción supone fortalecer las instituciones democráticas, garantizar la presencia integral del Estado en los territorios, proteger a la población civil, respetar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, promover el diálogo como mecanismo para la resolución de las diferencias y generar condiciones para que todas las niñas, niños y adolescentes puedan crecer en entornos seguros, protectores y libres de cualquier forma de violencia, por lo cual toda decisión que les concierna debe tener como consideración primordial el interés superior de niñas y niños, conforme al artículo 44 de la Constitución Política, a la Convención sobre los Derechos del Niño [y la Niña], el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, entre otros.
La COALICO reitera que la garantía efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes constituye un propósito nacional que debe trascender las diferencias políticas y no puede estar sujeta a los cambios de gobierno, es a su vez una obligación constitucional e internacional, un deber ético y una responsabilidad compartida por el Estado, la sociedad y todos los actores con capacidad de incidencia. En consecuencia, se hace un llamado a promover un clima de respeto, reconocimiento mutuo y diálogo democrático, evitando cualquier acción o discurso que profundice la polarización o incremente los riesgos para la población civil, en particular para niñas, niños y adolescentes.
Los avances alcanzados durante las últimas décadas en materia de prevención del reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, la violencia sexual, el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y alerta, la participación de niñas, niños y adolescentes, el reconocimiento de las víctimas, la construcción de paz y el desarrollo de la justicia transicional, así como una mayor comprensión de la documentación y promoción de la respuesta institucional frente a las graves violaciones cometidas contra la niñez y la adolescencia de las que da cuenta el Mecanismo de Supervisión y Presentación de Informes (Monitoring and Reporting Mechanism – MRM) establecido por la Resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, deben preservarse y fortalecerse, en aplicación de los principios de progresividad y no regresividad de los derechos humanos y de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado colombiano.
Asimismo, se reitera que el Estado en su conjunto debe avanzar hacia la garantía que las voces de niñas, niños y adolescentes sean escuchadas e incorporadas en las políticas públicas de prevención, protección, reparación y construcción de paz, reconociéndolos como sujetos de derechos y actores fundamentales en la construcción de alternativas y soluciones.
La justicia transicional ha abierto una oportunidad histórica para avanzar en el acceso a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición frente a graves violaciones de los derechos de niñas, niños y adolescentes, entre ellas el reclutamiento, uso y utilización por parte de actores armados. Retroceder en estos avances no significaría únicamente debilitar políticas públicas o capacidades institucionales; significaría aumentar los riesgos para miles de niñas, niños y adolescentes, perpetuar ciclos de violencia y alejar al país de la posibilidad de garantizar que estas graves violaciones no se sigan repitiendo.
Se espera que este nuevo periodo presidencial se traduzca en decisiones y acciones concretas que sitúen los derechos de niñas, niños y adolescentes en el centro de la agenda pública. En consecuencia, el Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de fortalecer las políticas de prevención; garantizar respuestas oportunas frente a los riesgos; consolidar la presencia integral del Estado en los territorios más afectados; proteger los entornos familiares, comunitarios y educativos; mantener y fortalecer los mecanismos de monitoreo, prevención y protección; asegurar recursos suficientes para la implementación de las políticas públicas; y adoptar medidas efectivas para prevenir el reclutamiento, uso, utilización y la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, así como las demás graves violaciones que continúan afectándoles en el marco del conflicto armado y otros escenarios de violencia.
El Estado en su conjunto tendrá igualmente la responsabilidad de contribuir al fortalecimiento de la justicia transicional como una oportunidad histórica para garantizar el acceso efectivo a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas de violaciones masivas de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En esta etapa será determinante asegurar las condiciones para la implementación de las decisiones que adopte la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), particularmente aquellas relacionadas con las sanciones propias, las medidas restaurativas y las reparaciones colectivas que deberán contribuir al reconocimiento de la dignidad de las víctimas, a la reconstrucción del tejido social en los territorios más afectados y a la transformación de las condiciones que hicieron posible el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes. La implementación efectiva de estas decisiones constituirá una de las garantías más importantes para la no repetición y para la construcción de paz.
La COALICO espera que el nuevo Gobierno mantenga y fortalezca los espacios de diálogo, concertación y trabajo conjunto con las autoridades propias, las comunidades, las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil en particular con aquellas comprometidas con la protección de niñas, niños y adolescentes, la cooperación internacional y los organismos especializados. La experiencia acumulada demuestra que la protección efectiva de niñas, niños y adolescentes exige respuestas construidas desde los territorios, sustentadas en evidencia y desarrolladas mediante una colaboración respetuosa, permanente y transparente entre el Estado y la sociedad.
La COALICO continuará desarrollando su labor de monitoreo, documentación, incidencia política y acompañamiento territorial para contribuir a la protección integral de niñas, niños y adolescentes, al fortalecimiento de las políticas públicas, al seguimiento de las decisiones de la justicia transicional y a la exigibilidad del cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario y construcción de paz.
Cada decisión que fortalezca su protección contribuirá a salvar vidas; cada decisión que debilite las capacidades del Estado aumentará los riesgos para miles de niñas, niños y adolescentes.
La historia juzgará a este Gobierno no solamente por las reformas que promueva o por los acuerdos que alcance, sino por su capacidad para garantizar que ninguna niña, ningún niño o adolescente vuelva a ser víctima del conflicto armado ni de otras formas de violencia. Proteger la niñez y la adolescencia no es una opción política; es una obligación constitucional, un imperativo ético y la base sobre la cual se construyen la paz, una democracia sólida y un país donde las nuevas generaciones puedan crecer libres del miedo y de la guerra.
La protección integral y la garantía efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes deben constituir un propósito común que trascienda los gobiernos, las diferencias políticas y las coyunturas del país. Proteger a niñas, niños y adolescentes no admite retrocesos y Colombia necesita que ninguna niña, ningún niño ni adolescente vuelva a ser víctima del conflicto armado ni de otras formas de violencia
Suscribe la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) conformada por:
– Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción Noviolenta –Justapaz
– Benposta Nación de Muchach@s
– Centro de Desarrollo y Consultoría Psicosocial Taller de vida
– Corporación Vínculos
– Defensa de las Niñas y Niños Internacional –DNI Colombia
– Fundación Creciendo Unidos – FCU-
– Servicio Jesuita a Refugiados Colombia –JRS/COL
– WarChild Colombia
– World Vision Colombia
