Durante el pasado mes de febrero, diferentes organizaciones a nivel nacional se unieron a la conmemoración del Día de las Manos Rojas[1] a través de acciones en rechazo del reclutamiento y uso de menores de edad por los grupos armados y para exigir acciones del Estado que propendan por la garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes afectados por el conflicto armado o que se encuentran en riesgo de ser víctimas por algún tipo de hecho relacionado con el mismo.
Dos de estas actividades se realizaron en Bogotá los días 11 y 15 de febrero, con la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes -entre los que se encontraban desvinculados/as y población víctima del conflicto armado-, organismos internacionales, representantes de Estado y de diferentes organizaciones de la sociedad civil.
Durante la jornada del 11 de febrero (Encuentro de niños, niñas, adolescentes y jóvenes), los y las participantes reflexionaron sobre su papel en el contexto actual del posacuerdo y realizaron propuestas integrales desde su experiencia y visión ante esta problemática que históricamente los ha venido afectando. Asimismo, conversaron sobre la necesidad de que dentro de las propuestas de trabajo de las y los candidatos presidenciales, se prioricen sus voces frente a la garantía de sus derechos y para que sin más excusas, éstas mínimas exigencias se apliquen en políticas, planes, programas y proyectos de gobierno.
Daniel[2], joven participante, afirmó que; “de donde yo vengo los jóvenes estamos muy expuestos al conflicto armado. Quien no trabaje, seguramente se va a ver tentado a ingresar a algún grupo armado”. Esto además señala, la persistencia del reclutamiento y uso de niñas, niños y jóvenes para la guerra, -ahora en proceso de reconfiguración-, debido a que los grupos armados que se disputan el control del territorio están ofreciendo salarios y beneficios a quienes hagan parte de estas organizaciones, así como la vinculación de jóvenes por medio del consumo, venta y distribución de sustancia psicoactivas, o con promesas sentimentales.
Del mismo modo, Andrés, otro joven participante, hizo un llamado a la institucionalidad, diciendo que: “la educación en donde nosotros estamos es difícil y las oportunidades de salir adelante son bastante complicadas. Si el gobierno no nos ayuda, será muy complicado cambiar las realidades en los territorios”. A este llamado se suman las organizaciones sociales acompañantes de este proceso, exigiendo que la presencia territorial del Estado se fortalezca en sus diferentes instituciones, en tal sentido que, se brinde protección, garantía y prevalencia de los derechos de las niñas, niños, adolescente y jóvenes en su integralidad.
Finalmente se realizó un compartir de iniciativas desde los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, donde ellos y ellas compartieron una pequeña muestra de lo que es su trabajo de resistencia no violenta en los territorios desde el arte, la cultura, la formación integral y su compromiso en la construcción de paz.
Asimismo, el 15 de febrero, se llevó a cabo el foro documental “La paz se construye garantizando los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. En este espacio, las y los panelistas –representantes de organizaciones nacionales e internacionales y dos experiencias de jóvenes desvinculados-, discutieron sobre los retos y desafíos actuales para prevenir que más niñas, niños, adolescentes y jóvenes sean usados en la guerra (destacando que las comunidades y las familias deben prepararse para acoger y recibir a los NNAJ desvinculados).
El reto más grande que tenemos en estos momentos como sociedad civil, es la reconciliación, por lo que es necesario retomar y revisar cuáles son los proyectos de vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y, reconfigurar un lenguaje en el que les incluyamos como sujetos de derechos. A manera de cierre, María Alejandra Martínez (joven desvinculada), afirmó que “no basta con rescatar a los niños de la guerra. Hay que trabajar para que los niños no se vinculen a esta”.
Finalmente, es importante resaltar que como consecuencia del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, se ha evidenciado una disminución sustancial de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la guerra. Sin embargo, las condiciones de riesgos en los territorios relacionados al conflicto armado para esta población no han cambiado; y es que según el reciente informe del Centro de Memoria “Una guerra sin edad” desde 1960 y 2016 se conoce que al menos 16.879 niños y niñas han sido víctimas de reclutamiento.
Por lo anterior y como parte de las actividades de cierre de la conmemoración y en el ejercicio mismo de la continuidad del trabajo en pro de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, desde las organizaciones sociales, llamamos al Estado colombiano a implementar lo acordado con la extinta guerrilla; así como a continuar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para que haya un nuevo cese al fuego bilateral en el que no se generen más violencias contra la población civil y en especial contra la vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; y a concebir acciones por la protección de esta población frente a las dinámicas del conflicto armado en Colombia. Del mismo modo, a los distintos grupos armados que operan en el país, para que dejen de reclutar y usar a más niños, niñas y adolescentes en sus dinámicas; y a que entreguen de inmediato a los y las que actualmente se encuentran en sus filas.
[1] El 12 de febrero de 2002 entró en vigencia el Protocolo Facultativo de la Convención de Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, el cual obliga a los Estados a prevenir el reclutamiento de niños y niñas por grupos armados y atender a aquellos/as que han sido víctimas de este crimen de guerra y es recordado mundialmente como: “Día de las Manos Rojas” que significa: ¡Paré! No más uso y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para la guerra. En Colombia, el ‘Protocolo Facultativo de la Convención de Derechos del Niño’ fue incorporado al ordenamiento jurídico por medio de la Ley 833 del 10 de julio de 2003.
[2] Por seguridad los nombres de los jóvenes han sido modificados
Firman,