COMUNICADO PÚBLICO: La COALICO insta al Gobierno colombiano a tomar medidas urgentes que garanticen la vida de la población civil del Catatumbo (Norte de Santander), especialmente de NNAJ afectados por las acciones armadas entre el ELN y el EPL.
Comunicado Público: Para contribuir a que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes no sean utilizados en la guerra, se debe garantizar la protección y prevalencia de sus derechos.
Bogotá, DC 04/04/2018 –
Organizaciones sociales de todo el país presentan hoy a la opinión pública el informe que prepararon como insumo para el Examen Periódico Universal al que se someterá Colombia el próximo 10 de mayo en la Organización de las Naciones Unidas, ONU.
El Examen Periódico Universal, EPU, es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que tiene como propósito hacer un seguimiento país a país, de cada uno de los 193 miembros de la ONU, con el objeto de mejorar la situación de derechos humanos en el terreno. El Examen se realiza cada cinco años para cada país y este será el tercer ciclo de Examen a Colombia.
El informe de las organizaciones de la sociedad civil colombiana, es un esfuerzo coordinado de análisis y sistematización de información suministrada por alrededor de 500 organizaciones sociales, relativa al periodo comprendido entre 2013 y 2017. Consta de 11 capítulos y 25 temas, que recogen la situación de derechos humanos en el país identificando las afectaciones diferenciadas para mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas en condición de discapacidad, pueblos indígenas, afrodescendientes y población LGBTI. De igual forma, hace seguimiento a las recomendaciones por países emitidas en el anterior ciclo del EPU.
El informe parte de destacar que la firma del Acuerdo de Paz ha significado un alivio humanitario que, según datos del Cerac, ha evitado la muerte de alrededor de 2.300 personas. No obstante, señala que persiste el conflicto y los demás actores continúan infringiendo el Derecho Internacional Humanitario a través del desplazamiento forzado, el confinamiento, bombardeos, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, el irrespeto a la objeción de conciencia, la violencia sexual, el secuestro y los ataques a bienes y personas protegidas. Se estima que entre 2013 y 2016, entre 600 y 700 mil personas han sido desplazadas, según el Internal Displacement Monitoring Center y la Unidad Nacional de Víctimas.
El estado actual de implementación del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Farc avanza en medio de obstáculos e incumplimientos por parte del gobierno, afirma el informe. Un ejemplo de lo anterior es que, según datos del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Acuerdo de Paz, de las 38 Zonas de Paz, antes Zonas Veredales Transitorias de Normalización, solo seis se construyeron totalmente. Por otra parte, persiste la falta de garantías de seguridad para los excombatientes. Hasta septiembre de 2017, 32 de ellos fueron asesinados según lo ha denunciado la antigua guerrilla.
En materia de restitución de tierras, punto neurálgico de la política de atención a víctimas, de la meta de 400 mil familias restituidas trazada por el Estado en la Ley 1448 de 2011, a agosto de 2017 solo se ha iniciado trámite de restitución para 19.822 familias y solo 5.400 cuentan con sentencia de restitución, es decir, cerca del 2% del total de víctimas y 25% de las inscritas en el Registro Único de Víctimas RUV. A pesar de que en el Acuerdo de Paz se pactó un capítulo étnico, no se han habilitado espacios adecuados de concertación con afrodescendientes y pueblos indígenas, ni se han adoptado las medidas en él contempladas para la satisfacción de sus derechos.
La persistencia del paramilitarismo y la negativa del Estado a admitirlo es otro de los aspectos que señala el informe destacando cómo el gobierno ha insistido en enmascarar su carácter de actor del conflicto armado, así como sus vínculos con poderes locales y agentes de la fuerza pública, bautizándolos con otros nombres como Bandas Criminales, Bacrim, Grupos Armados Organizados, GAOS o Grupos Delictivos Organizados, GDO. No obstante, se ha documentado la existencia de 13 estructuras que conservan las características del paramilitarismo y siguen actuando en 344 municipios de 31 departamentos, según datos de Indepaz recogidos en el informe.
Estos grupos armados siguen siendo uno de los principales factores de amenaza para líderes y lideresas sociales, defensoras y defensores de derechos humanos, quienes entre 2013 y 2017 fueron víctimas de, al menos, 276 asesinatos y 174 atentados. El 69% de las víctimas de ataques habita en las zonas rurales y ejercen liderazgos locales y el 25% de las personas afectadas pertenece a pueblos y comunidades étnicas. 29 de los asesinatos fueron contra líderes y defensores LGBTI, 61 indígenas, 41 mujeres y 20 afrodescendientes.
Pero no solo el conflicto sigue cobrando vidas de manera violenta en Colombia. Entre 2013 y 2016 cerca de 2.810 personas murieron fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica. En los 1.128 casos donde se conoce el presunto autor, en el 69,93% se atribuye la responsabilidad al Estado y en el 29,87%, a las guerrillas. El 24,96% eran mujeres y el 17,1% eran niñas, niños o adolescentes. Por otra parte, entre 2013 y 2016 se registraron 595 detenciones arbitrarias por parte de agentes del Estado.
En materia de derechos civiles y políticos también persisten: el hacinamiento carcelario que en 2017 se ubicó en un 50,1% según datos del Inpec; las detenciones arbitrarias, 595 entre 2013 y 2016; el desconocimiento por parte del gobierno y de la rama judicial del derecho a la objeción de conciencia, lo que hace que el requisito de la libreta militar siga obstaculizando el derecho al trabajo; el uso ilegal de la inteligencia estatal, con existencia de herramientas sofisticadas e invasivas que funcionan de forma ilegal como la Plataforma Única de Monitoreo y Análisis, PUMA; la estigmatización, criminalización y represión violenta de la protesta social, esta última se expresa en la actuación de miembros del ESMAD involucrados en al menos 20 ejecuciones extrajudiciales, 780 detenciones arbitrarias, 3.000 casos de lesiones personales y 80 de tortura.
El Estado Colombiano sigue en deuda con los derechos a la igualdad y la no discriminación de las mujeres, la población LGBTI, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad. En 2016, las mujeres representaron el 86,21% de los casos de violencia por parte de su pareja o expareja, entre 2013 y 2016, 440 personas LGBTI fueron asesinadas, y en 148 casos, el hecho tuvo relación con prejuicios hacia su orientación sexual. 71 de los 102 pueblos indígenas existentes se encuentran en peligro de extinción física y cultural, y persisten afectaciones graves a la autonomía de las personas con discapacidad como regímenes de interdicción y esterilizaciones forzadas.
La impunidad es otro de los aspectos que preocupan a las organizaciones sociales que presentan el informe como insumo para el EPU 2018 a Colombia. En casos como la desaparición forzada, de 4.578 procesos abiertos por este delito solo el 0,9% se encuentran en juicio y el 0,42% en ejecución de penas. En relación con las ejecuciones extrajudiciales, de 838 investigaciones abiertas, solo el 3,22% se encuentra en ejecución de pena y el 8,35% en etapa de juicio.
En relación con la violencia sexual en el contexto del conflicto armado, se presenta una situación de impunidad generalizada. Como ejemplo, el informe señala que, de los 627 casos recogidos en Autos de la Corte Constitucional sobre el tema, solo alrededor del 3% tuvieron sentencia. También para la población LGBTI la impunidad frente a los crímenes sigue siendo la regla. De las 347 investigaciones penales por homicidios, 211 continúan en etapa de indagación preliminar incluso después de varios años de ocurridos los hechos, y solo se han producido 27 condenas.
La administración de justicia presenta problemas estructurales como falta de garantías para jueces y víctimas,así como casos de corrupción. Según datos de la Fiscalía, existen más de 800 investigaciones y 48 capturas de funcionarios de la Fiscalía por corrupción.
En materia de derechos sociales, la mortalidad por hambre es una realidad en el país, concluyen las organizaciones. En la última década 2.000 niños y niñas menores de cinco años han fallecido por esta causa. solo en La Guajira, entre enero y noviembre de 2016, murieron de hambre 66 niños y niñas pertenecientes al pueblo Wayúu.
En su balance, las organizaciones sociales insisten en la creciente desigualdad social que se expresa también en indicadores como la brecha urbano rural del 25,5%, el índice Gini es de 0,517%, (siendo 1 el indicador de desigualdad más alto y 0 el más bajo) y el aumento del IVA en 3 puntos porcentuales disminuyó el poder adquisitivo de los más pobres. Pero también en la concentración de la tierra: según el Censo Nacional Agropecuario, un 40,1% del área censada está ocupada por el 0,4% de unidades productivas de más de 500 hectáreas. En contraste, el 4,8% de la tierra está ocupado por el 69,9% de unidades productivas de cinco o menos hectáreas.
Esto en el contexto de un modelo económico que prioriza la extracción desmedida de recursos naturales –con impactos como los expuestos en recientes tragedias ambientales– y la mayor concentración de la propiedad de la tierra a través de figuras como las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, ZIDRES, proyectadas para la agroindustria extractiva.
En cuanto al desempleo (8,9%) alcanza cifras alarmantes entre los jóvenes rurales llegando al 50,4% y la brecha salarial entre hombres y mujeres es de 42,7% en las ciudades y 41,6% en el campo. También persiste el déficit en el acceso a la salud por falta de disponibilidad, calidad y accesibilidad, y a la educación donde prevalece un modelo de mercado y no de derechos. La tasa de analfabetismo es de 5,8% en las áreas urbanas y entre el 12,1 y el 20% en las zonas rurales.
Por todo lo anterior, las organizaciones concluyen que el Estado colombiano no ha cumplido cabalmente con las recomendaciones de los anteriores EPU (2008 y 2013) y que continúan cometiéndose graves violaciones a los derechos humanos –vistos de manera integral– e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que permanecen en la impunidad. Así mismo, señalan que el Estado “se raja” en derechos humanos también porque no coopera con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos ni cuenta con un mecanismo de seguimiento participativo al Examen Periódico Universal. Esta es una de las exigencias que hacen las 500 organizaciones sociales para que el EPU logre contribuir eficazmente a la construcción de paz en Colombia.
