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Naciones Unidas presenta 13 º Informe anual del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados

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Julio 1, 2014

Este 1 de julio de 2014 la Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados, Leila Zerrougui, presentó el Informe anual del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados correspondiente al período comprendido entre enero y diciembre de 2013.

En el documento se destacan las tendencias mundiales con relación a los efectos de los conflictos armados en los niños en 2013.  Para descargar el informe en español: Clic acá

Entre los párrafos 163-171 se aborda el caso colombiano dentro del apartado correspondiente a “las situaciones que no figuran en el programa del Consejo de Seguridad u otras situaciones”.

De acuerdo con el informe, en el año 2013, los niños fueron reclutados, utilizados, asesinados, mutilados, víctimas de violencia sexual y otras violaciones graves en 23 situaciones de conflicto en todo el mundo. "Hemos documentado los casos de niños reclutados y utilizados por 7 ejércitos nacionales  y 50 grupos armados en la República Centroafricana, Sudán del Sur, Siria, y en otros 11 países.", dijo Leila Zerrougui.

Así mismo señaló que el grupo extremista Boko Haram fue incluido en la “lista de la vergüenza” del Secretario General debido a los continuos ataques que comete contra hospitales y escuelas, así como a los secuestros de centenares de niñas y jóvenes en Nigeria.

Entre tanto, Zerrougui indicó que Siria sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser un niño, a la vez que llamó la atención sobre una nueva crisis en Irak que ha creado una situación extremadamente volátil y peligrosa para los niños y niñas.

"Lo que es común a la mayoría de estas situaciones de conflicto es que los derechos del niño se violan con total impunidad", mencionó Zerrougui. "Si nos tomamos en serio la protección de los niños, debemos exigir la rendición de cuentas."

Colombia

A continuación transcribimos los ocho párrafos donde se describe la situación de los niños y niñas afectados por el conflicto armado en Colombia:

“Tras la firma del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en agosto de 2012, las conversaciones en curso entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno de Colombia alcanzaron un progreso importante en las cuestiones del desarrollo rural y la participación política. Si bien la cuestión de los niños y los conflictos armados no se incluyó en el programa, tanto el tercer tema, “Fin del conflicto”, como el quinto, “Víctimas” constituyen oportunidades para tener en cuenta preocupaciones en torno a la protección de los niños. Me complace este avance, elogio los esfuerzos en curso en el contexto de las conversaciones de paz y aliento a las partes a que continúen trabajando en esta dirección para lograr una solución política. Además, en el contexto de las conversaciones de paz, el Vicepresidente de Colombia ha instado específicamente a las FARC-EP a respetar unas normas humanitarias mínimas, entre otras cosas liberando a los niños asociados a ellas y poniendo fin a su reclutamiento y utilización.

Las hostilidades entre las FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas colombianas se intensificaron en particular en los departamentos de Cauca, Choco, Nariño, Antioquia, Arauca, Santander y Putumayo. Los grandes desplazamientos desencadenados por estas hostilidades siguieron aumentando la vulnerabilidad de los niños, en especial los de origen afrocolombiano e indígena. Al menos 110.000 personas sufrieron graves restricciones de movilidad en 2013, debido principalmente a las hostilidades, pero también al confinamiento, la contaminación por restos explosivos de guerra y las restricciones de la seguridad impuestas por grupos armados, que repercuten en el acceso a la asistencia humanitaria y los servicios básicos. A finales de diciembre, al menos 24.862 personas seguían confinadas en 10 departamentos, lo que afectaba de una manera desproporcionada a la población indígena y afrocolombiana.

Aunque el reclutamiento y el uso de niños todavía no se denuncian lo suficiente en Colombia, las Naciones Unidas verificaron 81 casos de reclutamiento y uso de niños por grupos armados en 25 departamentos y en Bogotá, incluidos 58 niños por parte de las FARC-EP y 17 por el ELN. En julio de 2013 se documentaron ocho casos de reclutamiento de niños indígenas por las FARC-EP en el departamento del Cauca. En diciembre, en Antioquia, un niño de 15 años fue reclutado por las FARC-EP durante una cesación del fuego declarada. Además, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar documentó que 342 niños (114 niñas y 228 niños) fueron separados de grupos armados en 2013, lo que representaba un aumento significativo con respecto a los 264 niños separados de grupos armados en 2012. De estos niños, 261 habían sido reclutados por las FARC-EP, 65 por el ELN, 15 por grupos armados que aparecieron después de la desmovilización del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia y uno por el Ejército Popular de Liberación.

Al menos 43 niños resultaron muertos y otros 83 fueron mutilados en ataques de grupos armados. Cuatro niños resultaron muertos y 10 fueron mutilados en enfrentamientos entre grupos armados o entre las Fuerzas Armadas colombianas y grupos armados. Por ejemplo, en agosto un niño de 14 años resultó muerto en un fuego cruzado cuando las FARC-EP atacaron una comisaría de policía en Putumayo. Además, 11 niños resultaron muertos y 28 fueron mutilados por minas antipersonales o restos explosivos de guerra.

Si bien no se denuncian suficientemente los casos, las niñas y los niños siguen siendo víctimas de actos de violencia sexual atribuidos a grupos armados y en ocasiones cometidos por las Fuerzas Armadas colombianas. Entre enero y octubre de 2013, se remitieron cinco casos de violencia sexual contra niños por parte de grupos armados y 17 casos (dos niños y 15 niñas) por parte de las Fuerzas Armadas colombianas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Además, la información reunida por las Naciones Unidas y la Oficina del Ombudsman de Colombia indica una pauta de explotación y abusos sexuales contra niñas y mujeres en zonas mineras donde los grupos armados realizan operaciones. También continuaron perpetrando actos de violencia sexual los grupos armados que surgieron después de la desmovilización de los grupos paramilitares. Dado que el Gobierno no considera a estos grupos agentes del conflicto armado, y a pesar de que los niños también pueden beneficiarse del apoyo de los Defensores de la Familia estatales como víctimas de la violencia, siguen enfrentándose a obstáculos para ejercer sus derechos en virtud de la Ley de Víctimas.

Durante 2013, las Naciones Unidas indicaron 26 incidentes relacionados con la educación que causaron daños a las escuelas o la suspensión de clases. Por ejemplo, en abril de 2013, una escuela de Arauca utilizada como refugio por las FARC-EP resultó dañada durante enfrentamientos entre el grupo armado y las Fuerzas Armadas colombianas. En febrero de 2013 las Fuerzas Armadas colombianas utilizaron una escuela con fines militares durante enfrentamientos con las FARC-EP en Putumayo, poniendo así en peligro las instalaciones escolares y a los niños, lo que a menudo ocasionó la suspensión de las clases. En noviembre, durante un cerco armado de las FARC-EP en Antioquia, se cerraron al menos seis escuelas, lo que afectó a cerca de 3.000 niños. Se siguieron cometiendo ataques contra profesores y, según se informó, cinco profesores murieron a manos de grupos armados no identificados y otros fueron objeto de amenazas de grupos armados en seis departamentos diferentes. En varios departamentos se informó de la participación de niños en varias actividades cívico-militares del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas colombianas, que está prohibida por el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006).

El Gobierno de Colombia ha aceptado voluntariamente la aplicación del mecanismo de supervisión y presentación de informes previsto en la resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad a condición de que cualquier diálogo que tenga lugar entre las Naciones Unidas y los grupos armados cuente con su consentimiento. Continúa el diálogo constructivo entre el Gobierno nacional y el sistema de las Naciones Unidas en los planos político y técnico. El establecimiento y la aplicación de políticas para proteger a los niños del reclutamiento, como el Programa Presidencial de Derechos Humanos, es un avance alentador para garantizar la protección de los niños afectados por el conflicto en Colombia.

Un total de 342 niños que habían sido separados de grupos armados fueron remitidos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Algunos niños, en particular los que fueron separados de los grupos armados formados después de la desmovilización de organizaciones paramilitares, fueron remitidos a la Fiscalía General para ser juzgados de acuerdo con el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098, de 8 de noviembre de 2006). Sin embargo, estos niños siguieron teniendo dificultades para gozar de los mismos derechos y la misma protección que los niños reclutados por otros grupos armados. Todos los niños, como víctimas, deberían estar en igualdad de condiciones para recibir beneficios y protección, independientemente del grupo que les haya reclutado o utilizado.

El número de enjuiciamientos por violaciones contra niños y la información sobre casos de los que se ha hecho cargo la Fiscalía General siguieron siendo limitados. Si bien el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atendió al menos a 5.417 niños que fueron separados de grupos armados desde 1999, hasta el momento ha habido 69 fallos condenatorios por reclutamiento de niños, cinco de ellos de acuerdo con la Ley de Justicia y Paz de 2005 (dos de ellos en 2013) y 64 emitidos por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General (14 de ellos en 2013). Además, las oficinas regionales de la Fiscalía General también han emitido fallos condenatorios. A pesar de estos esfuerzos, los niños siguieron teniendo dificultades para obtener acceso a la justicia y la impunidad por las violaciones contra los niños sigue siendo motivo de preocupación”.

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